XLI Congreso Nacional Masónico de Grados Filosóficos

Los Cabos, B.C.S.

Carta Los Cabos

Convocado por el Supremo Consejo de México se celebró en la Ciudad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, el XLI Congreso Nacional Masónico de Grados Filosóficos del 26 al 29 de julio del 2023, teniendo como objetivo el realizar un análisis profundo de la problemática que enfrenta nuestro país, bajo el tema central Masonería y Constitucionalismo, con la finalidad de proponer soluciones que permitan que México trascienda a niveles superiores de buen gobierno para bien de toda la sociedad en su conjunto.

En el Congreso, bajo plena libertad, se debatieron y sustentaron opiniones de los Masones de Grados Filosóficos, prevaleciendo siempre la ética, la moral masónica, el laicismo, el pensamiento liberal y progresista, para bien de la sociedad mexicana.

Los análisis, conclusiones y propuestas que se presentan, están antecedidas por el amor a México y a la humanidad, surgiendo del pensar de los congresistas, quienes participaron con ponencias o aportando ideas y sugerencias, con base en lo cual, se emitieron las conclusiones que se expresan en la presente “Carta Los Cabos”.

Para tal efecto, se prestó especial atención en cinco temas fundamentales: 1) Derechos Humanos; 2) Educación; 3) Sistema Económico Mexicano y Desarrollo Sustentable; 4) Temas Masónicos, y 5) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Apoyo absoluto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III), como una obligación común para todos los pueblos y naciones.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá tener absoluta autonomía de los otros poderes del Estado, teniendo como objetivo la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna, y la manera de hacerlo efectivo, así como en las leyes y tratados internacionales.
Los Derechos Humanos deberán ser aplicables sin discriminación alguna, con absoluto derecho a la libertad, a la integridad, a la seguridad personal y colectiva, a la certeza jurídica, al acceso pleno a la justicia, a la salud, a la educación, al trabajo y garantías laborales y, a la participación política.
Derecho absoluto a la libertad de prensa y de expresión, sin ser coartados por posicionamientos políticos, económicos o culturales por las autoridades.
Toda institución o agrupación en funciones de seguridad pública deberá informar periódicamente sobre su proceder en materia de supuestas violaciones de derechos humanos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se inicien las indagatorias en las instancias correspondientes; y, en su caso, se emitan las recomendaciones para la reparación integral del daño.
El porcentaje del presupuesto asignado al Sistema de Salud deberá ser incrementado, para resolver la crisis profunda que se está viviendo actualmente en nuestro país, para asegurar a la ciudadanía asistencia y servicios médicos en caso de enfermedad y su prevención.
La educación debe ser absolutamente laica y sin ideologías políticas.
Detener los ajustes presupuestales a la baja en lo concerniente a la educación, como indispensable derecho humano. Incrementar la inversión en investigación y desarrollo, de manera gradual y sistemática, hasta alcanzar el 8% del Producto Interno Bruto (PIB), y dos por ciento del PIB, como mínimo, en infraestructura educativa, para fomentar el desarrollo económico y social, acompañado en todo momento de la asociación con organismos
Que el sector empresarial invierta en investigación tecnológica y que sean partícipes aportando sus conocimientos en los modelos educativos del país, en especial con universidades tanto públicas como privadas.
Obligatoriedad de dominar una segunda lengua dentro de los planes educativos, en particular el idioma inglés, para estar inmersos en el mundo globalizado que exige intercambios e internacionalización en los diversos entornos de la educación, la economía, la medicina, la tecnología, etc.
Incorporar conocimientos sobre civismo, ética y estudios filosóficos, para fomentar la cultura de la legalidad, para que la sociedad mexicana obtenga normas que rijan la justicia y la equidad entre los individuos.
Redefinir los planes de estudio desde los primeros años escolares, sobre la importancia de la ecología, e incluir educación y ecosistemas de innovación, para que se dé conciencia social con respecto a la protección de nuestro entorno natural, incorporando valores y entregando herramientas para que tiendan a prevenirlos y resolverlos.
Creación de becas a jóvenes sobresalientes con base a méritos, que estén interesados en las ciencias, con mediciones eficaces de evaluación que permitan el manteniendo de las becas a niveles de maestría y doctorado.
Que se fomente la actualización docente, mediante la capacitación en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y se promueva la participación de los padres de familia en la mejora de la comunicación afectiva y el gusto por la escuela de sus hijos.
Implementar programas para fortalecer y ampliar la atención psicopedagógica en las escuelas para niños, adolescentes y jóvenes, que enfrentan barreras para el aprendizaje, necesidades educativas especiales y rezago escolar.
Promover el dinamismo de la inversión privada como complemento a los grandes proyectos de infraestructura nacional, donde el gobierno federal y los gobiernos estatales sean protagonistas, para así impulsar la generación de empleos y el crecimiento económico.
Como prioridad para México se requiere legislar eficientemente sobre el agua, donde el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales deberán emitir medidas contundentes y coercitivas para detener el problema.
Legislar sobre el reciclaje y darle un mayor peso a la separación de basura, donde la separación de residuos y su mejor aprovechamiento sea parte fundamental de la cultura de los mexicanos.
Se debe involucrar a especialistas de la iniciativa privada, gobierno y centros de educación superior, para asesorar a la comunidad en salvar especies, proteger ecosistemas, reforestar y/o devolver la vida a los suelos
Implementar beneficios fiscales para el uso de energías verdes y tecnologías limpias, para incorporarse y ser asequibles hacia más habitantes, y propiciar una reducción significativa del uso de combustibles fósiles.
Redefinir las políticas gubernamentales para impulsar y proteger el campo, con medidas de apoyo a la producción local, así como promover el consumo responsable, privilegiando los productos locales.
Respeto y aplicación irrestricta de los principios fundamentales de la Constitución de 1917, sobre la soberanía popular, la garantía de los derechos individuales y sociales, así como de la aplicación del sistema representativo de gobierno, la división de poderes, y el sistema federalista.
La masonería filosófica se opone a la concentración y centralización de la toma de decisiones en un solo poder público. La masonería apoya y defiende a la República como forma de gobierno y organización del Estado, en la que el poder público es ejercido por distintas instancias, ceñidas a un cuerpo de disposiciones fundamentales establecidas para todos en nuestra constitución y en las leyes secundarias.
Se debe de revisar y perfeccionar a los organismos autónomos que han propiciado una mejora para la democracia, los cuales fueron creados con base a términos constitucionales, más nunca desaparecerlos de facto, ya que, al hacerlo, el poder puede quedar en una sola mano, propiciando un modelo despótico que nunca podrá ser tolerado.
Creación del Centro Nacional de Historia, Civismo y Democracia el cual a través de un programa nacional promueva y fomente el conocimiento de nuestra historia, la importancia del civismo y la necesidad de una verdadera democracia, teniendo como objetivo principal elevar el interés y participación de los ciudadanos.
El Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deberá reformarse, para incluir el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción, a la fiscalización de los recursos, a la rendición de cuentas públicas y al combate a la corrupción, con el fin de reforzar la lucha contra este mal, de conformidad con las reformas constitucionales previas a dicho artículo.